Salvador Martínez Tarín / La culpa es del puerto

Recientemente la Autoridad Portuaria de Valencia, “Valenciaport” como propone su imagen corporativa, ha retomado viejos planteamientos estratégicos de actuaciones con fuerte impacto ambiental. A la culminación de la puesta en funcionamiento de la ampliación norte, con modificaciones importantes que afectan a las poblaciones marítimas vecinas, y las ampliaciones de los puertos de Sagunto y Gandia, se han unido el acceso norte submarino al puerto de València, y la olvidada regeneración de las playas del sur, dragando en el mar interior frente a las costas de Sueca.

Llama la atención esta acumulación de proyectos a ejecutar de inmediato. Todos ellos con Declaraciones de Impacto Ambiental anteriores a la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de Evaluación de Impacto Ambiental y cuyo plazo de vigencia máxima concluye el próximo 13 de diciembre de 2019.

La prisa en empezar la ejecución de estos proyectos se produce en el actual contexto de emergencia climática y pretende escaparse a una evaluación ambiental renovada que está indudablemente justificada en estos momentos de transición ecológica y adaptación al cambio climático.

La Autoridad Portuaria de València es un organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, que desarrolla la actividad económica portuaria en régimen de monopolio y ha aportado al Tesoro Público 101 millones de euros de beneficios de explotación entre 2013 y 2017. Por medio de este tipo de entes, el Estado actúa como empresario y se deja llevar por el ánimo de lucro y la necesidad de cubrir su déficit excesivo. Otra cosa sería, en términos de economía, que “Valenciaport” formulará un balance ecológico e internalizará los costes externos de actividad con impacto ambiental.

Los perfiles de esta “autoridad” son difíciles de entender. En su interior se multiplican los consejos y las comisiones, algunas tan numerosas que puedes encontrar juntos a representantes políticos, sindicales y de la patronal. Pero quien realmente manda en la Autoridad Portuaria es el Presidente de su Consejo de Administración el señor Aurelio Martínez, alto cargo de la Administración General del Estado, Catedrático de Economía Aplicada y Presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) entre 2004 y 2009, con una carrera profesional intensamente vinculada a lo público.

Él ha comparecido ante los medios y defendido con firmeza la realización apresurada de estos proyectos sin someterlos de nuevo a evaluación ambiental, al mismo tiempo que predica sobre la conciliación entre el puerto y la ciudad, enviando mensajes a la administración local y autonómica sobre la prepotencia competencial de Puertos del Estado, hermano mayor de la Autoridad Portuaria de València.

Sobre estilos de gobernanza y métodos empresariales hay mucho escrito y no sabría a qué escuela remitirme para calificar los que emplea el Presidente de la Autoridad Portuaria, pero sí que tengo la convicción que la posición que defiende el señor Martínez no toma en consideración la realidad del calentamiento global, no considera la posibilidad de una situación de emergencia climática y esta urgida por un productivismo carbónico que presagia un mal futuro para la valencia metropolitana. Acercándose con temeridad a la tesis de los escépticos del clima y alejándose irresponsablemente de las precauciones que impone el interés público, el señor Martínez ha tomado una mala decisión que compromete el desarrollo sostenible, la transición ecológica y la evolución de una economía hipocarbónica en el territorio valenciano.