Salvador Martínez Tarín / Un gobierno para la emergencia climática

Concluida la etapa oscura del escepticismo climático de Rajoy, parece abrirse camino en el pensamiento político de nuestra comunidad la necesidad apremiante de reducir las emisiones de CO2 y sustituir el vigente modelo socio-económico productivista, por otro hipocarbónico y sostenible, donde se garanticen los derechos sociales y la igualdad, dirigiendo la gestión de gobierno hacia lo que se ha dado en llamar la “transición ecológica”.

Han sido los jóvenes del movimiento Fridays For Future, reivindicando el derecho al medio ambiente de las generaciones futuras, los que han situado la Justicia Climática en la parrilla informativa de la campaña electoral y han arrancado a todas las fuerzas políticas valencianas, excepto un puñado de irreductibles climaescépticos, el compromiso de declarar la Emergencia Climática en los cuatro meses siguientes a la constitución del Gobierno Valenciano.

Tras la toma de posesión del Molt Honorable President Ximo Puig, el gobierno valenciano se ha constituido está semana con doce consellerias, en las que el PSOE liderará las competencias en materia de desarrollo (economía, empleo, hacienda, justicia, sanidad, territorio e industria), COMPROMIS educación, igualdad y medio-ambiente (que se mantiene unido a agricultura), y UNIDES PODEM se estrena con vivienda y transparencia, más una nueva vicepresidencia para la coordinación de las políticas sobre cambio climático del Consell, que se acompaña de la creación de una nueva Agencia para el Cambio Climático.

En el nuevo gobierno, fruto indudable del pacto democrático, se observa el reconocimiento del carácter transversal de los problemas asociados al cambio climático. Medio ambiente, economía sostenible y transición ecológica son términos familiares en la denominación de las consellerias. La creación de una agencia especializada y la reorganización del IVACE-Energía pueden significar una voluntad política de luchar en serio contra el calentamiento del planeta, pero también son la muestra de una dispersión competencial que puede terminar resultando una mera puesta en escena sin que se llegue a producir la eficiencia de gobierno que anhelamos todos y todas.

Estamos ante el segundo gobierno del Botànic y no hay tiempo para el error. La dispersión competencial en materia de medio ambiente puede ser una formula conveniente como modelo de gestión, la única posible como resultado del proceso electoral, incluso la mejor forma de afrontar el problema del cambio climático, pero no cabe duda que está opción ejercida por el President Puig no puede permitirse el lujo de fallar.

Vamos a necesitar que nuestra Administración autonómica coopere, que los órganos administrativos dialoguen entre sí y coordinen su actuación, que los dirigentes políticos de las consellerias concedan protagonismo al cambio climático en la reflexión que debe preceder a la toma de decisiones, y que de verdad se creen lugares de encuentro donde la sociedad valenciana pueda acceder a la información y participar en la ejecución de las políticas públicas.

Solo la acción de todos y todas conseguirá evitar que alcancemos el punto de no retorno que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) ha fechado para dentro de once años. Pero esa acción ha de ser coordinada y promovida con fuerza por la Administración. Para ello, igual que las tres erres (Reduce, Reutiliza, Recicla) nos explican con facilidad como reducir nuestra huella ecológica, las tres pes (Proyecto, Personas, Presupuesto) deben ser la clave para una acción de gobierno que quiera revertir o, como mínimo, mitigar en cuatro años los negativos efectos del calentamiento global de origen antropogénico.