Salvador Martínez Tarín / La dignidad del botifler

La guerra de sucesión azota al pueblo valenciano. La ciudad de Valencia acaba de ser conquistada por el ejército castellano que dirige el comandante Antoine D´Asfeld, un francés delegado del duque de Berwick que ejerce la máxima representación de Felipe V en el territorio conquistado, famoso por aquella frase en la que se refería a la falta de árboles en las proximidades de la ciudad para ahorcar a cuantos transgredían sus decretos. Es el prototipo de la institución del Capitán General que Felipe V instaura en España en 1714 y que propinó a Valencia en el reciente 23-F un buen susto, un ejemplo de instinto Neanderthal con decreto-bando de abolición de derechos incluido.

Los valencianos leales al borbón salen de sus madrigueras y corren ligeros a prestar pleitesía al monarca absolutista. Ruegan por la recuperación de los fueros, privilegios, exenciones y libertades que han sido abolidos por derecho de conquista con el Decreto de Nueva Planta de 29 de junio de 1707 y forman parte esencial de su propia estructura de poder post-feudal. Están apenados porque el decreto imputa el delito de rebelión a todos los habitantes del Reino de Valencia, hace a todos los valencianos delincuentes de la misma condición, cuando ellos, los fieles vasallos, habían mantenido su corazón leal a la causa botifler.

Desesperados ante lo que consideran una gran injusticia, a seguro por error involuntario del Gran Señor, los fieles al borbón repuestos en el poder municipal acuerdan en el Ayuntamiento de Valencia redactar un memorándum con el que pedir clemencia al monarca y la derogación del decreto de abolición de los fueros. Se encomienda la delicada tarea a Pedro Luis Blanquer (Juez en Valencia designado por el propio Felipe V antes de la guerra) y a José Ortí, un abogado de la ciudad. Ortí se encarga de la redacción del documento y reniega de las acciones acometidas por “el tumulto de lo más despreciable que se juntó de todo el Reino”. No hubo rebelión porque la mayor parte de los valencianos había sido fiel al monarca y, en consecuencia, no debía alcanzar a todos la ira de poder central, sino solo a aquellos de mala vida y condición (maulets) que se habían alzado contra el legítimo poder de la monarquía borbónica recién instaurada en España.

El memorándum fue entregado al duque de Medinacelli, quien el 4 de septiembre se lo entregó al Rey. El día 12 de septiembre los firmantes del memorándum, Blanquer y Ortí, son apresados, encarcelados por separado e incomunicados en las mazmorras de las Torres de Serranos. Pocos días después los trasladan a una prisión en Pamplona sin que se les instruya causa ni se les acuse de ningún delito específico.

Ante tal virulenta reacción del aparato absolutista, los antes apenados y ahora asustados botiflers, deciden elaborar un nuevo memorándum en el que ruegan clemencia para los encarcelados. Aludiendo a malos entendidos y confusión en cuanto a sus verdaderas intenciones terminan su alegato renunciando a cuantas reivindicaciones habían planteado y aceptando de buen grado la nueva situación, instituciones e impuestos castellanos incluidos.

Humillado el pueblo de Valencia, no por la derrota de su alzamiento contra el poder señorial y feudal sino por la sumisión de sus autoridades y personas más relevantes al poder que emana del centro absolutista, se puso fin al sueño de Valencia como pueblo.

Desde entonces nuestra historia se dicta desde los despachos de Madrid y los dirigentes valencianos, ilustrados en el servilismo indigno que nos mortifica desde Almansa, no dan un paso ni plantean ninguna reivindicación sin haber conseguido antes la conformidad del poder absoluto que emana de la España castellana. Así nos va.